CANTABRIA DEBE SEGUIR SIENDO PIONERA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Cuando hace ya cerca de 20 años comencé mi trabajo con víctimas de la Violencia de Género, el escenario no podía ser más desalentador. Tanto los profesionales como las víctimas nos encontrábamos con una constante sensación de frustración por la falta de recursos, de sensibilidad social ante el problema y de compromiso de las administraciones ante lo que hoy todos reconocemos como una lacra social.
En estos 20 años se ha ido visibilizando una tragedia que mata a una media de 80 mujeres al año en España y entre todos – profesionales, administraciones y ciudadanía – hemos estrechado el círculo contra el maltratador, dotado a las víctimas de unos recursos asistenciales de calidad y trabajado a través de la educación en igualdad para prevenir un futuro tan negro como el pasado.
Cantabria ha sido además un ejemplo en este tiempo para muchas Comunidades Autónomas en aspectos como la formación de profesionales, los programas de prevención y la intervención con agresores. Y sobre todo por la coordinación de recursos, independientemente de qué administración los gestionara.
Mi sensación a lo largo de los años era que formábamos un equipo y que el objetivo común era que nuestra comunidad siguiera siendo ejemplo y encabezando la lista de regiones españolas con menos víctimas y mejor asistidas.
Mi trabajo en distintas Universidades, en instituciones nacionales e internacionales y en la formación de diversos colectivos de profesionales reforzaba mi idea de que la coordinación era básica para la eficacia en un área tan compleja.
Y sigo viendo las cosas exactamente igual, pero ahora se añade mi profunda preocupación porque ese camino se tuerza y toda la experiencia adquirida en estas décadas se desaproveche.
Más allá de los titulares de prensa, es clara la decisión de la actual Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria de modificar el modelo de gestión actual en el que el protagonismo de la intervención con víctimas recaía sobre entidades como la Asociación Consuelo Bergés, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y CAVAS, por otro modelo menos costoso económicamente según asegura y más abierto en cuanto a quién pueda optar a la prestación de esos servicios.
En estas semanas y en diferentes medios he leído opiniones muy atrevidas y profundamente injustas en relación a la labor que durante estos casi 20 años han desempeñado estas Asociaciones con quienes, no me cabe la menor duda, la Sociedad de Cantabria está en deuda.
Conozco bien a sus profesionales ( de algunos he participado en su formación ) y su compromiso social con este problema va mucho más allá de su obligación laboral.
Los tan comentados recortes hacen ahora que se plantee un cambio de escenario y, al parecer un cambio de modelo, que tenemos que garantizar entre todos que no suponga el más mínimo retroceso en la calidad e idoneidad de los recursos.
Considero acertado que se evalúen las necesidades y se adapten los recursos, pero en esta nueva etapa sería un tremendo error desaprovechar la experiencia adquirida – la positiva para fortalecerla y la negativa para mejorarla- y desaprovechar el capital humano que tanta experiencia acumula.
Me sorprenden además las recientes consideraciones públicas de distintos responsables administrativos de cuestionar los conceptos de violencia de género y de violencia familiar que quedaron establecidos en su día por consenso de un centenar de sociedades científicas y organizaciones internacionales con el amparo de la Organización Mundial de la Salud. El debate siempre es enriquecedor pero debe enmarcarse en los foros científicos correspondientes.
Son arriesgadas además las declaraciones públicas que ponen en tela de juicio la veracidad de las denuncias por parte de las mujeres ya que ésta debe ser determinada por la justicia y refuerzan los argumentos esgrimidos por tantos y tantos maltratadores para justificar su conducta.
Es momento de seguir aunando esfuerzos, de decisiones consensuadas, de diálogo y no de confrontación. De tender puentes para que entre todos– nueva administración, profesionales, asociaciones…- podamos enriquecernos de la experiencia atesorada para seguir garantizando el mejor modelo posible de prevención e intervención con víctimas de la violencia de género.
Tanto el diseño como el desarrollo de las estrategias de prevención e intervención con víctimas y sus hijos, como la intervención con agresores requiere de profesionales con una formación muy especializada y una experiencia consolidada a través de la práctica supervisada. Profesionales entrenados y sensibilizados para que el impacto de su intervención sea óptimo y garantice la excelencia de sus servicios. El coste y la rentabilidad en este área no solo debe de valorarse en euros. No podemos olvidar que el trabajo preventivo y asistencial supone una inversión social que repercute en un claro ahorro de recursos psicosociales, sanitarios, judiciales y penales. Nos estamos jugando la vida de muchas mujeres, siempre demasiadas.
Y por ello no podemos ni debemos renunciar al trabajo coordinado, a la comunicación fluida entre todos los que intervenimos, – cada uno desde nuestras diferentes responsabilidades- sin desaprovechar el valor de la experiencia y más allá de las filias y las fobias personales de cada uno, que no deben ser un obstáculo para quienes de verdad tenemos un compromiso con las víctimas.
En estos 20 años se ha ido visibilizando una tragedia que mata a una media de 80 mujeres al año en España y entre todos – profesionales, administraciones y ciudadanía – hemos estrechado el círculo contra el maltratador, dotado a las víctimas de unos recursos asistenciales de calidad y trabajado a través de la educación en igualdad para prevenir un futuro tan negro como el pasado.
Cantabria ha sido además un ejemplo en este tiempo para muchas Comunidades Autónomas en aspectos como la formación de profesionales, los programas de prevención y la intervención con agresores. Y sobre todo por la coordinación de recursos, independientemente de qué administración los gestionara.
Mi sensación a lo largo de los años era que formábamos un equipo y que el objetivo común era que nuestra comunidad siguiera siendo ejemplo y encabezando la lista de regiones españolas con menos víctimas y mejor asistidas.
Mi trabajo en distintas Universidades, en instituciones nacionales e internacionales y en la formación de diversos colectivos de profesionales reforzaba mi idea de que la coordinación era básica para la eficacia en un área tan compleja.
Y sigo viendo las cosas exactamente igual, pero ahora se añade mi profunda preocupación porque ese camino se tuerza y toda la experiencia adquirida en estas décadas se desaproveche.
Más allá de los titulares de prensa, es clara la decisión de la actual Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria de modificar el modelo de gestión actual en el que el protagonismo de la intervención con víctimas recaía sobre entidades como la Asociación Consuelo Bergés, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y CAVAS, por otro modelo menos costoso económicamente según asegura y más abierto en cuanto a quién pueda optar a la prestación de esos servicios.
En estas semanas y en diferentes medios he leído opiniones muy atrevidas y profundamente injustas en relación a la labor que durante estos casi 20 años han desempeñado estas Asociaciones con quienes, no me cabe la menor duda, la Sociedad de Cantabria está en deuda.
Conozco bien a sus profesionales ( de algunos he participado en su formación ) y su compromiso social con este problema va mucho más allá de su obligación laboral.
Los tan comentados recortes hacen ahora que se plantee un cambio de escenario y, al parecer un cambio de modelo, que tenemos que garantizar entre todos que no suponga el más mínimo retroceso en la calidad e idoneidad de los recursos.
Considero acertado que se evalúen las necesidades y se adapten los recursos, pero en esta nueva etapa sería un tremendo error desaprovechar la experiencia adquirida – la positiva para fortalecerla y la negativa para mejorarla- y desaprovechar el capital humano que tanta experiencia acumula.
Me sorprenden además las recientes consideraciones públicas de distintos responsables administrativos de cuestionar los conceptos de violencia de género y de violencia familiar que quedaron establecidos en su día por consenso de un centenar de sociedades científicas y organizaciones internacionales con el amparo de la Organización Mundial de la Salud. El debate siempre es enriquecedor pero debe enmarcarse en los foros científicos correspondientes.
Son arriesgadas además las declaraciones públicas que ponen en tela de juicio la veracidad de las denuncias por parte de las mujeres ya que ésta debe ser determinada por la justicia y refuerzan los argumentos esgrimidos por tantos y tantos maltratadores para justificar su conducta.
Es momento de seguir aunando esfuerzos, de decisiones consensuadas, de diálogo y no de confrontación. De tender puentes para que entre todos– nueva administración, profesionales, asociaciones…- podamos enriquecernos de la experiencia atesorada para seguir garantizando el mejor modelo posible de prevención e intervención con víctimas de la violencia de género.
Tanto el diseño como el desarrollo de las estrategias de prevención e intervención con víctimas y sus hijos, como la intervención con agresores requiere de profesionales con una formación muy especializada y una experiencia consolidada a través de la práctica supervisada. Profesionales entrenados y sensibilizados para que el impacto de su intervención sea óptimo y garantice la excelencia de sus servicios. El coste y la rentabilidad en este área no solo debe de valorarse en euros. No podemos olvidar que el trabajo preventivo y asistencial supone una inversión social que repercute en un claro ahorro de recursos psicosociales, sanitarios, judiciales y penales. Nos estamos jugando la vida de muchas mujeres, siempre demasiadas.
Y por ello no podemos ni debemos renunciar al trabajo coordinado, a la comunicación fluida entre todos los que intervenimos, – cada uno desde nuestras diferentes responsabilidades- sin desaprovechar el valor de la experiencia y más allá de las filias y las fobias personales de cada uno, que no deben ser un obstáculo para quienes de verdad tenemos un compromiso con las víctimas.
Dr. Carlos San Martín Blanco
Médico. Sexólogo. Psicoterapeuta. Experto en Violencia de Género. Profesor Universitario.
Secretario General y Académico de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
Médico. Sexólogo. Psicoterapeuta. Experto en Violencia de Género. Profesor Universitario.
Secretario General y Académico de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.
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